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En el contexto de infraestructura y servicios públicos, se refieren a acuerdos contractuales entre entidades gubernamentales o autoridades reguladoras y empresas privadas o consorcios. Estos acuerdos otorgan a la entidad privada el derecho exclusivo o preferencial para operar, mantener y a veces construir y financiar una infraestructura pública específica durante un período determinado, a cambio de ciertas obligaciones y responsabilidades.
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